La Fiscalía avisa en su Memoria Anual que en materia de Seguridad Vial se ha producido un retroceso con la reforma que supuso la despenalización de la faltas por imprudencia leve en materia de tráfico.

Transcripción de la Memoria. pag. 568 y ss.

5.6.1 Balance de aplicación de la reforma de los delitos imprudentes

A finales del ejercicio de 2016 ha transcurrido ya un año y medio desde la entrada en vigor de la nueva categorización de la imprudencia –grave y menos grave– de los artículos 142 y 152 CP introducida por la LO 1/2015 y que entró en vigor en julio de 2015, lo que obliga a hacer un balance inicial de su aplicación. En el ámbito del Ministerio Fiscal puede decirse que, una vez superados los primeros momentos que se caracterizaron por la ausencia de criterios interpretativos en torno a las nuevas modalidades imprudentes, la publicación del Dicta- men 2/2016, que ha tenido gran difusión en las Fiscalías territoriales y una buena acogida general, como ponen de manifiesto los Fiscales Delegados, ha servido para dotar a la actuación del Ministerio Público de unos primeros criterios interpretativos sobre la configuración sus- tantiva de las nuevas categorías de imprudencia y las pautas de actua- ción procedimental, con la finalidad última de orientar la unidad de actuación del Fiscal en la materia.

No obstante, desde el punto de vista judicial, como señalan los Delegados de la mayor parte de territorios, es todavía pronto para extraer conclusiones, pues han sido escasas las resoluciones judiciales que se han ocupado de la construcción dogmática de las nuevas moda- lidades, no existiendo sentencias de fondo de la mayoría de Audien- cias Provinciales en torno a esta materia, y, las que lo han intentado, no siempre lo han hecho con criterios coincidentes. Debemos resaltar, por tanto, la inexistencia de pautas interpretativas consolidadas y uni- formes emanadas de la llamada jurisprudencia menor, como ya ponía- mos de manifiesto en el Dictamen 2/2016 citado. En algunos territorios –por ejemplo, en Alicante por acuerdo de unificación de las Secciones Penales de la AP– se ha seguido la tesis de equiparar la imprudencia grave con las infracciones administrativas muy graves del art. 77 LSV y la menos grave con las graves del art. 76 LSV, mientras que en otros es rechazada la correlación directa y automática entre la gravedad de la infracción administrativa y la entidad de la imprudencia a efectos penales –por ejemplo, la SAP de Madrid n.o 479/2016, de 14 de sep- tiembre–, siguiendo en este sentido el Dictamen 2/2016. En cualquier caso, más allá de este debate de «etiquetas», los Fiscales Delegados señalan que en sus territorios se sigue manteniendo una práctica equi- paración de la imprudencia grave con la grave anterior, que no ha visto modificado su ámbito de aplicación, de suerte que la mayoría de las sentencias siguen configurando como constitutivos de imprudencia grave los comportamientos que, de acuerdo con la doctrina consoli- dada del TS (de la que se hace eco el Dictamen 2/2016 con la finalidad de devolver la adecuada calificación jurídica a conductas imprudentes graves que habían sido devaluadas en las praxis judiciales), ya venían considerándose como tales antes de la LO 1/2015, no ya en los casos claros de concurrencia del delito del art. 379.2 CP, sino también en los supuestos tradicionales de no detención ante semáforos en rojo o señales de stop, atropellos en pasos de peatones –SAP de Madrid n.o 479/2016 citada, de Ciudad Real n.o 3/2016, de 11 de enero, pleno no jurisdiccional de la AP de Badajoz de 14 de abril–, adelantamien- tos antirreglamentarios –SAP de Ciudad Real n.o 57/2016, de 19 de mayo–, o invasiones del sentido contrario –SAP de Ciudad Real n.o 32/2016, de 28 de marzo–, salvo que concurran circunstancias excepcionales que atenúen, degradándola, la falta de diligencia del conductor, en los que se ha apreciado imprudencia menos grave.

En cuanto a las repercusiones de la reforma en los procedimientos por imprudencias viales, coinciden los Fiscales Delegados al afirmar la existencia de una bipolarización en la tramitación atendiendo, más que al grado de imprudencia, al desvalor de los resultados producidos. Así, en los casos de fallecimiento o lesiones graves lo habitual ha sido la incoación de diligencias previas en cuyo seno se ha depurado la entidad de la imprudencia y de las lesiones padecidas para una correcta subsunción de los hechos.

Ahora bien, y esto es lo alarmante, en el resto de supuestos –lesio- nes no especialmente graves– se ha tendido por los Juzgados de Ins- trucción al dictado de autos de archivo a limine –incluso cuando hay indicios de imprudencia grave como en atropellos a peatones–, o el dictado indiscriminado de resoluciones de sobreseimiento libre, sin una mínima instrucción que aclare la gravedad de la imprudencia o la existencia de resultados lesivos típicos. Son prácticamente inexisten- tes las incoaciones directas de procedimientos por delitos leves de imprudencia menos grave, con el riesgo que supone de devaluación de la respuesta penal frente a los siniestros viales y protección de las víc- timas, en un mal entendido alcance de la reforma, llegando al punto de que en algunas provincias no se ha llegado a celebrar juicio alguno por delito leve en materia de imprudencia menos grave en el ámbito de la siniestralidad vial.

Estas distorsiones se han podido corregir a través del mecanismo de los recursos cuando se han detectado, en la mayoría de ellos intere- sando los Fiscales la incorporación de informes forenses de sanidad o de informes técnicos con las causas del siniestro.

Apuntan asimismo algunos Delegados que se ha producido una cierta desjudicialización de los siniestros viales, con reducción en el número de atestados remitidos a los órganos judiciales. Así en Bur- gos se ha apreciado un descenso importante de diligencias previas incoadas por atestados que no viene acompañado del mismo des- censo en los partes de lesiones, por lo que puede que, en contra del Dictamen 2/2016, no se estén remitiendo o instruyendo todos los ates- tados, lo que ha obligado, como apuntan algunos Fiscales Delegados, a mantener reuniones o sesiones informativas con las policías de trá- fico para corregir la situación.

La categoría, por tanto, de la imprudencia menos grave práctica- mente no ha sido aplicada sino después de la tramitación de diligen- cias previas, en resoluciones del artículo 779 LECrim o tras la conversión en Procedimiento Abreviado a instancia del Fiscal, cuando se investigaban comportamientos inicialmente graves pero fronterizos con la nueva categoría, en casos muy limitados.

En definitiva podemos concluir con la inexistencia de criterios consolidados de interpretación de las nuevas categorías de impruden- cia y en la paralela existencia de parcelas desjudicializadas y praxis judiciales tendentes asimismo a excluir a limine de la vía penal supuestos indiciarios de imprudencia sin una mínima instrucción, que han podido ser corregidas, al menos en parte, por la vía del recurso del Ministerio Fiscal, con el consiguiente riesgo de devaluación de las imprudencias de tráfico más allá de los designios y finalidad de la reforma de la LO 1/2015.