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5.6.2 La aplicación de la reforma del sistema de valoración de daños. Las víctimas de accidentes de tráfico

La importante reforma introducida en la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a motor (en adelante LRCSCVM) y, fundamentalmente, en el sistema de valoración del daño corporal por la Ley 35/2015 de 22 de septiembre, imponía dictar unas primeras pautas interpretativas sobre las cuestiones más novedosas de la Ley que plasmaron, como dijimos, en el Dictamen 3/2006 del Fiscal de Sala Coordinador. Asimismo, la Unidad Coordinadora y los Fiscales Delegados han seguido de cerca los procesos en que comienza a aplicarse el nuevo sistema de valoración al objeto de velar por su correcta aplicación. Aunque el escaso tiempo transcurrido desde su entrada en vigor (1 de enero de 2016) no permite alcanzar conclusiones sobre praxis aplicativas y menos aún orientaciones juris- prudenciales, sí se han evidenciado algunas deficiencias que conviene reseñar.

Como ya se ponía de manifiesto en la Memoria del pasado año, siguen sin publicarse en el BOE las Bases Técnicas Actuariales pese a que resultan determinantes para el cálculo de las indemnizaciones que aparecen cuantificadas en las Tablas de lucro cesante y ayuda de tercera persona (únicamente figura un texto al que se califica como tal en la página web de la Dirección General de Seguros y Fondo de Pensiones) y tampoco han sido objeto de corrección los errores en las Tablas entonces mencionados.

Resulta preocupante la insuficiencia de cursos formativos en una materia que, dado el volumen de delitos viales con resultados lesivos y la aplicación extensiva del Baremo a otros ámbitos resarcitorios, han de aplicar la práctica totalidad de los fiscales.

Son numerosas las Fiscalías que aún carecen de recursos informáticos para utilizar los programas de cálculo de las indemnizaciones, bien por no estar autorizado el navegador Google Chrome preciso para utilizar la aplicación de las entidades aseguradoras, bien por no disponer de software actualizado para usar las hojas de cálculo electrónico elaboradas tan meritoriamente por el Fiscal Delegado de Burgos.

Informan, asimismo, las Memorias provinciales de la falta de adaptación de los informes forenses al nuevo sistema de valoración en algunos territorios y como era previsible, dada la riqueza normativa del nuevo sistema, de la dificultosa acreditación en el proceso de los supuestos familiares, sociales y económicos que dan derecho a indemnización.

Consciente de ello la Fiscalía ha promovido desde la publicación de la reforma la efectividad del derecho de las víctimas a la información sobre indemnizaciones y procedimiento para reclamarlas que, conforme artículo 5.1.e Ley 4/2015, de 27 de abril del Estatuto de la Víctima (en adelante EJV), les asiste desde el primer contacto con autoridades y funcionarios. Con tal fin se han mantenido reuniones de coordinación con los Cuerpos legalmente encargados de llevarlo a cabo, Policías Judiciales de Tráfico (282, 771.1 LECrim) y Letrados de la Administración de Justicia (109, 776 LECrim) facilitándoles plantillas con los datos que es preciso recabar para la cuantificación del daño de forma que se evite la reiteración de requerimientos a los perjudicados, todo ello sin perjuicio de la atención en la propia Oficina Fiscal.

Sin desconocer la dificultad de conjugar la compleja acreditación de circunstancias con el delicado momento que atraviesan las víctimas, hay que insistir en que no cabe diferir para ejecución de sentencia la cuantificación de las indemnizaciones salvo en supuestos excepcionales. Los artículos 781 LECrim y 33.4 LRCSCVM así lo disponen, abundando en ello la STS, Sala 1.a, de 13 de octubre de 2010, entre otras. En ella se recuerda cómo la LEC 1/2000 ha establecido límites para dictar sentencias de condena con reserva de liqui- dación en sus artículos 209 y 219 con la finalidad de impedir las condenas no susceptibles de ejecución inmediata, alargando así innecesariamente la efectiva satisfacción de los perjudicados con viola- ción del principio de tutela judicial efectiva y del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas.

Por otra parte, coinciden las Fiscalías en el incremento de renuncias a la acción civil que se está produciendo en los procedimientos penales afectados por el nuevo Baremo al haber alcanzado los perjudi- cados acuerdos con las compañías aseguradoras. Aún sin disponer de datos suficientes que permitan analizar las causas de esta tendencia, se impone una especial atención del Fiscal a la efectiva realización de los derechos de información y asistencia integral de las víctimas en los términos expuestos en el Dictamen 3/2016 que evite, en la medida de lo posible, que acepten transacciones perjudiciales por desconocimiento o acuciadas por situaciones de desamparo económico o social.

La solicitud de pensiones provisionales conforme al art. 765 LECrim y la activación del mecanismo de la oferta motivada cuando no se observa el plazo previsto en los artículos 7 LRCSCVM y 20 de la Ley 50/1980 del Contrato de Seguro son medidas determinantes para evitar ese desamparo y prevenir la segunda victimización. Con- forme al citado art. 7 y el art. 4.4 del Real Decreto 1148/2015 por el que se regula la realización de pericias a solicitud de particulares por los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses en las reclama- ciones extrajudiciales por hechos relativos a la circulación de vehícu- los a motor, la oferta motivada se ha convertido en la llave que tienen las compañías de seguros para que los perjudicados puedan acudir a estas pericias forenses en el ámbito extraprocesal. La experiencia de los IML en estos primeros meses de andadura ha evidenciado la reali- zación de ofertas por vía telefónica, a tanto alzado y, en muchos casos, emitidas con base a meros informes médicos asistenciales obviando el informe médico definitivo que preceptúa el artículo 37 LRCSCVM. Esta mala praxis compromete, aún más, la tarea de valoración por unos médicos forenses que ya no tienen posibilidad de examinar a los lesionados que quedan al margen del proceso penal durante la evolución de sus lesiones sino meses después de la sanación o estabiliza- ción, cuando acuden al IML por frustrarse las negociaciones con la entidad aseguradora.

En otro orden de cosas y habida cuenta del importante número de procedimientos en fase de tramitación o pendientes de enjuiciamiento a los que aún es de aplicación el Baremo de 1995, es de interés refe- rirnos a las últimas sentencias dictadas por la Sala Primera sobre la controvertida cuestión del resarcimiento de los gastos correspondien- tes al tratamiento médico posterior a la estabilización de las lesiones cuando se trata de siniestros ocurridos durante la vigencia de la reforma operada en el número 6 del apartado primero del anexo por la Ley 21/2007. La STS n.o 13/2017, de 13 de enero (Rec. 3187/2014) aborda expresamente esta cuestión, y apartándose del pronuncia- miento favorable al resarcimiento de las prótesis futuras efectuado en la sentencia 218/2016, de 6 de abril (Rec. 477/2014) con fundamento en el principio de reparación íntegra y los Principios Europeos de Responsabilidad Civil, concluye –no sin antes mencionar que la reforma no fue afortunada puesto que dejaba sin cobertura tratamientos de carácter permanente y como tal fue cambiada nuevamente en la Ley 35/2015– que, en estos casos, los gastos de asistencia médica, farmacéutica y hospitalaria posteriores a la estabilización o sanación no son resarcibles conforme a Baremo, lo que evidencia con toda crudeza el trato desfavorable y discriminatorio que la citada reforma supuso para estos lesionados.

El papel central de víctimas y perjudicados tanto en el procedi- miento como en el ámbito extraprocesal fue objeto de tratamiento en las Jornadas de la Red de especialistas de 2017 en las que tanto repre- sentantes de asociaciones como particulares tuvieron una intervención muy destacada. Aparte de propuestas de reforma del Código Penal en materia de imprudencia y omisión del deber de socorro, transmitieron la importancia de una respuesta integral a sus necesidades, en conso- nancia con lo dispuesto en el EJV.

El pleno ejercicio de estos derechos pasa por la coordinación de recursos y la necesaria colaboración institucional entre Policías Judi- ciales de Tráfico, Oficinas de Atención a la Víctima, Fiscalía y Juzga- dos (arts. 27.2, 28.1 g y 32 EJV) de modo que se ofrezca a las víctimas todas las facilidades disponibles para el ejercicio y tutela de sus dere- chos. La temprana actuación de las Oficinas de Víctimas, con actua- ciones orientadas a la persona, auxiliando a los perjudicados en la redacción de la denuncia, informándoles de los distintos plazos y trá- mites procesales, así como de las indemnizaciones a que tienen dere- cho, resulta decisiva para que las infracciones no se archiven por desconocimiento de los plazos de prescripción o que se pacten acuer- dos transaccionales lesivos para sus intereses.

Ya en el marco del procedimiento judicial una intervención proac- tiva del Ministerio Fiscal como garante de los derechos de víctimas y perjudicados (art. 773.2 LECrim) adquiere una especial relevancia. Velar por sus derechos de información y participación en las distintas fases del procedimiento (779.1.1.a, 785.3, 789.4, 792.5, 962, 976.3), impulsar la tramitación y enjuiciamiento sin dilaciones, asistir a las vistas de los delitos leves en los términos fijados en la Circular 1/2015 FGE, formular denuncia en nombre de menores de edad, discapacitados o desvalidos conforme al art. 105.2 LECrim, oponerse al perdón otorgado por los representantes de aquéllos cuando proceda o estar vigilante a la necesaria autorización judicial para proceder por parte de los progenitores a la renuncia a la acción civil y penal del perjudi- cado cuando éste es menor de edad según disponen los arts. 166 y 1810 CC, son algunas de las funciones encomendadas a la Institu- ción en su deber constitucional de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley (art. 124 CE).